“Legal Salamanca” solicita la absolución de los acusados tras el escrache al PP del año 2013

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Comunicado Comisión Legal Acampada Salamanca /   El 17 de mayo de 2013, un pequeño grupo de activistas del 15M-Acampada Salamanca nos reunimos para recibir a los cargos públicos en las cercanías del Parador de Salamanca, realizando un escrache al gobierno del PP. Tras una protesta pacífica, y después de desconvocarla, cuando ya nos disponíamos a abandonar el lugar, la Unidad de Intervención Policial VII (UIP) de la Policía Nacional cargó desproporcionadamente y sin motivo contra l@s activistas, deteniendo sin motivo y acusando de varios delitos. A su vez, el movimiento decidió denunciar a los policías.

Algunas de las posibles calificaciones de la actuación policial podrían ser la vulneración de la integridad física, del derecho a la libertad de expresión, de la libertad de circulación, abuso de poder, interpretación torticera de las leyes, intimidación, injurias, trato degradante, discriminación sexual, calumnias y denuncias falsas; actuaciones a las que por desgracia ya estamos habituad@s por parte de algunas unidades UIP de la Policía Nacional y que resultaron en que nueve activistas sufrieron lesiones de diferente gravedad, desde contusiones hasta fracturas óseas. Cuatro de ell@s acabaron detenid@s y estuvieron encerrad@s en los calabozos durante más de 12 horas, siendo acusados de delitos de atentado, desobediencia y lesiones, alguno de ellos solicitando más de dos años de prisión.

Por todo esto, esta mañana nos hemos concentrado durante la vista judicial mostrando nuestra solidaridad con las compañeras, y solicitando su absolución, para además visibilizar cómo reacciona el Estado ante el miedo que causa la protesta ciudadana a la clase política, además de querer solicitar justicia con la actuación policial, que a la vista del vídeo que se pudo grabar, se ha puesto una vez más de relieve en sus formas de actuar abusivas y autoritarias.

En este sentido, han sido muy expresivas las palabras del jefe del operativo, al reconocer que no había requisado el vídeo en el momento, al entender que la actuación le parecía “ajustada”, dando a entender que si no hubiera sido así, habría ordenado requisar la única prueba objetiva de los hechos, cuando ni siquiera estaba en vigor la reforma de la ley de seguridad ciudadana, que en cierta medida facilita la intervención de vídeos por parte de los agentes.

Las defensas de las activistas han pedido su absolución, al entender acreditado que no hubo ningún tipo de intento de traspasar el cordón policial para colarse en el jardín del Parador; manteniendo la acusación hacia los policías de faltas de lesiones y delito en uno de los casos, al acreditarse con el vídeo, los partes de lesiones y los testimonios, la desproporción en el uso de la fuerza por parte de los agentes, golpeando indiscriminadamente y por lo general en la parte alta del cuerpo,: espalda, hombros, cabeza, etc. incluso cebándose con determinadas personas, con el único ánimo de dañar, como en el caso del agente 72339, con numerosos antecedentes de actuaciones conflictivas, especialmente en Valladolid, donde ya se libró de ser condenado al presuntamente apalear a una señora en una concentración de Stop Desahucios, al no poder identificarle correctamente en el juicio.

El abogado del Estado y de los policías se han ratificado en su acusación hacia los manifestantes de intentar introducirse en el Parador, aportando un vídeo de una manifestación del día siguiente, intentando confundir los hechos, queriendo demostrar violencia verbal por parte de las activistas hacia la policía y los jueces, justificando la carga en una supuesta desobediencia de los manifestantes al entender que el pequeño grupo no tenía autorización para circular por las proximidades del Parador. El absurdo ha llegado cuando dicha parte ha interesado la visión de un vídeo de una manifestación del día siguiente, 18 de mayo, nada que ver con los hechos, intentando relacionar en su alegato final ambas acciones, convocadas por colectivos diferentes y con participantes distintos.

Finalmente, el fiscal ha solicitado la absolución de los agentes y las activistas, quedándose en “un término medio”, pues desde su punto de vista las lesiones de los agentes eran muy inconcretas, amparando el derecho y deber de los policías de sacar las porras para golpear a personas que, según su opinión, tenían que haber comunicado previamente su intención de ejercer su libertad de expresión en las proximidades aún no superando la veintena de personas, y al no hacerlo, perdieron la legitimidad legal, justificando así la acción policial represora.

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