Stop Desahucios denuncia la falta de soluciones reales por parte de las Administraciones

La Plataforma denuncia la falta de soluciones reales por parte de las Administraciones, la incapacidad de los políticos para gestionar eficazmente los recursos y la irresponsabilidad social de las entidades financieras frente a los procesos de empobrecimiento de los deudores hipotecarios.

img-20161027-wa0043Comunicado Plataforma Stop Desahucios de Salamanca / Al nacer, hace cuatro años, pensábamos que nuestra andadura iba a ser breve ya que tras enfrentarnos a los efectos devastadores de la crisis y del estallido de burbuja inmobiliaria la situación económica y social recuperaría la normalidad y con ella los precios de la vivienda se estabilizarían al desaparecer la fiebre especulativa.

A esa normalización iban a contribuir, también, las nuevas leyes y sentencias judiciales nacionales y europeas que han ido poniendo freno a los abusos de la banca consentidos por los sucesivos gobiernos y de los que eran beneficiarios notarios, registradores, abogados, ayuntamientos, grandes constructores, especuladores y, por supuesto, la propia banca. En pocas palabras, La Plataforma Stop Desahucios de Salamanca, como el resto de las plataformas a nivel nacional, tenían como meta desaparecer.

Pero cada día vemos más lejos el objetivo de disolvernos.  Cada semana acuden a nuestras asambleas nuevas familias con la dificultad o la imposibilidad para pagar las cuotas de su hipoteca. Y así mes tras mes, año tras año. Estamos, además, a las puertas del 2017 que traerá el fin de muchas carencias firmadas al amparo del Real Decreto de protección de deudores hipotecarios o el llamado Código Buenas Prácticas Bancarias. Quiere esto decir que muchas hipotecas volverán a la normalidad tras cinco años de no pagar más que una cantidad simbólica. En unos meses terminará para miles de familias la tregua que el gobierno y la banca han acordado para el pago de los préstamos hipotecarios lo que no va a ser posible ya que la mayoría de las familias continúa en situación de desempleo o de empleo en precario. Comprobamos, además, como antes decíamos, que cada vez más familias se siguen sumando a las que desde hace años están en una situación de vulnerabilidad.

Ambos aspectos deben ser entendidos, por otra parte, en un nuevo marco socio-económico.  Ya no podemos hablar de crisis como factor de desestabilización. Ahora las nuevas variables observadas nos hacen pensar que estamos en una etapa o ciclo de empobrecimiento, en un proceso de creciente desigualdad económica, vital, social y existencial.  La crisis no fue un momento breve de desconcierto paralizante por su inesperada aparición; la crisis ha sido la puerta para que la pobreza entrara en el 24 por ciento de los hogares de este país con ánimo de permanecer en ellos durante mucho tiempo.

Hablar actualmente de vivienda en nuestro país, en nuestra región y en Salamanca es hablar de precariedad, de inseguridad jurídica en cuanto a la tenencia o el disfrute de un techo, de pobreza energética, de angustia, de temporalidad, de hacinamiento, o de deudas pendientes por un bien que ya no se posee.

Frente a esta problemática solo encontramos el silencio cómplice de los medios de comunicación, la indiferencia de gran parte de la población y la política caritativa de nuestros gestores políticos.

No podemos cerrar nuestros grupos de defensa de una vivienda digna y adecuada para todos.

Seguiremos ante la administración pública y ante los partidos políticos buscando el cambio de las leyes que lo impiden, comenzando por la modificación de la constitución del 78, la ley hipotecaria, la de alquileres y la ley de enjuiciamiento civil.

A nuestros políticos les vamos e exigir un pacto para que termine para siempre el corte de suministros básicos como el agua, la electricidad o el gas para todos aquellos hogares en situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo se inicie una política eficaz en materia de vivienda, comenzando por saber el número de viviendas vacías y conocer quiénes son sus propietarios.

No nos queda más remedio que continuar en contacto con los bancos y cajas, negociando en sus oficinas o manifestándonos ante sus sucursales para que adapten los préstamos hipotecarios a los recursos actuales de las familias. Cobrar y pagar según sus posibilidades.

Y en particular, frente a Caja Duero (Unicaja) nos veremos obligados a continuar con las movilizaciones para exigir soluciones a una serie de casos que llevan sin resolver desde hace años, debido a la inoperancia de sus actuales directivos y a la ruina traída por los anteriores gestores. Familias que no buscan más que simples daciones, carencias o restructuraciones. Casos donde se vulnera de forma flagrante el derecho a la vivienda.

 

 

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