Requerir el permiso de residencia para inscribirse en el reglamento de Parejas de Hecho de CyL vulnera derechos fundamentales y es contrario a la constitución

clegalsalamancaComunicado íntegro Comisión Legal Acampada Salamanca / El pasado sábado nos han notificado la Sentencia 150/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Valladolid que ha estimado el recurso contencioso interpuesto contra la decisión de denegar la inscripción en el Registro de Castilla y León de Uniones de Hecho de una pareja en la cual uno de los miembros carecía de permiso de residencia, de nacionalidad extracomunitaria.

Esta situación de discriminación viene produciéndose desde 2010, cuanto la Junta de Castilla y León y gobernada por el PP, introdujo el requisito de presentación de permiso de residencia, con el interés evidente de bloquear e impedir el acceso al registro de las personas que carecieran de permiso de residencia, con arreglo a la ley de extranjería, incluyéndose estudiantes en situación de estancia, voluntarios o personas en situación administrativa irregular.

Esta política de claro racismo institucional ha venido desarrollándose por el PP allí donde gobierna en todo el país, existiendo ya pronunciamientos al respecto por parte de la Defensoría del Pueblo, quien ya en su Recomendación de 22 de enero de 2014, para la Modificación del Decreto 124/2000, de 11 de julio,solicitaba la supresión del requisito de acreditar la posesión de autorización de residencia para la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.

La sentencia resuelve que el requisito exigido por el artículo 11. 1 de la Orden M/1597/2008, de 22 de agosto que regula el registro y recoge la necesidad de presentar el permiso de residencia, “es contrario a los principios constitucionales y a la configuración jurisprudencial de la institución de las parejas de hecho, así como es contrario al principio de no discriminación por el lugar de residencia”.

De este modo, el juzgado anula los resoluciones impugnadas y declara la existencia de pareja de hecho formada por los actores ordenando a la administración demandada a que proceda a su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León a todos los efectos.

Los argumentos planteados durante el proceso judicial contra la exigencia de este requisito documental para la inscripción han sido los siguientes:

  • Interpretación errónea del Derecho en la aplicación de la normativa y la configuración jurídica de la pareja de hecho, al solicitar “permiso de residencia” para acreditar la “residencia habitual” de los solicitantes.
  • Vulneración de la seguridad jurídica (art. 9 CE), igualdad y no discriminación (art 14 CE) y protección de la familia (art 39 CE).
  • Vulneración del Derecho comunitario por la Ley de Extranjería, al realizar una transposición errónea de la Directiva del Consejo2004/114/CE de 13 de diciembre de 2004 que asimila la situación de estancia con la situación de residencia.
  • Interpretación errónea de la ORDEN FAM/1036/2010, de 5 de julioque reconoce la inclusión de las personas en situación de estancia a efectos de la inscripción registral

Esta sentencia puede representar un primer paso para la declaración de nulidad del art. 11 del citado reglamento que regula el registro, posibilitando que la actual discriminación se elimine para toda la comunidad de Castilla y León, beneficiando a miles de personas en nuestra región y servir de precedente para solucionar una problemática que está afectando a cientos de miles de personas en nuestro país, vulnerando sus derechos fundamentales.

Desde la Comisión Legal de Salamanca damos la enhorabuena a la pareja que ha tenido la firmeza de exigir en los tribunales sus derechos, posibilitando una solución general a esta problemática, porque sólo la lucha hace Justicia.

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