Ganemos Salamanca considera desproporcionada la clausura del CSA Villafría y exige al PP que respete los derechos fundamentales

El Ayuntamiento ha sido denunciado por coacciones en los juzgados de lo penal y  también en el juzgado de lo contencioso por vulneración de derechos fundamentales, al pretender cerrar el centro social al considerar aplicable la Ordenanza de Actividades Inocuas, cuya finalidad es controlar las actividades mercantiles.

maxresdefaultComunicado íntegro Ganemos Salamanca / Según miembros del colectivo, el pasado sábado 25 de junio de 2016,  funcionarios de la Policía Local acudieron al centro a notificar una multa de 600€ dirigida contra una persona desconocida y de paso la clausura del local, por supuestamente el “ejercicio de una actividad no amparada por la correspondiente licencia de apertura”, calificada como “actividad inocua”. La notificación se produjo leyendo en voz alta el escrito, metiendo la pierna uno de los funcionarios en la puerta. La tarde del miércoles 29 de junio, al parecer habrían acudido al centro cuatro personas vestidas de paisano que a la voz de “Policía Local” han intentado acceder por la fuerza, evitándolo las personas reunidas en el centro y pudiendo finalmente cerrar la puerta.

Ganemos Salamanca hemos sido conocedores de esta situación ante las denuncias de los usuarios, acudiendo al centro social y contactando con el representante legal del colectivo quien nos ha informado de la interposición de una denuncia penal por coacciones contra los policías, así como recurso especial contencioso por derechos fundamentales contra el Ayuntamiento, al entender que se estarían vulnerando los derechos de asociación, reunión y libre expresión y difusión de informaciones, opiniones e ideas, derecho de participación política, y libertad ideológica, entre otros.

Los usuarios y activistas del centro social han optado por mantener la ocupación de su local 24 horas para impedir el cierre, al recibir continuas visitas de miembros de la Policía Local, lo que a juicio de los mismos no sería más que una estrategia de intimidación, con el fin de generar angustia y, al mismo tiempo, “estigmatizándonos frente a los vecinos del barrio, que no dejan de ver agentes policiales a nuestra puerta, siendo esencial para el centro social su imagen y su hacer colectivos, que es evidente la policía está maltratando a sabiendas, como táctica de hostigamiento”.

El colectivo social cuenta con contrato de arrendamiento del centro en el cual no se realizan actividades mercantiles, industriales ni/o con ánimo de lucro, a las que va destinada la Ordenanza Municipal de Actividades Inocuas que pretende aplicar el PP, y que debería aplicarse bajo los principios de igualdad de trato, necesidad o congruencia con los fines a los que debe servir la actuación municipal y conforme la mayor libertad posible.

No obstante, parece que es evidente que no sería proporcional la medida sancionadora ordenada de cierre del local, de un colectivo social que, en el peor de los casos y según la propia tesis del Ayuntamiento, sería legalizable mediante un escrito de comunicación adjuntando un plano firmado por técnico competente y el pago de una tasa según el valor catastral del local.

Ante esta situación, nuestro grupo político ya pidió explicaciones en la pasada comisión de Policía, siendo denegadas las mismas por el concejal del área Fernando Rodríguez, despachándose contestando que se trataba de cuestiones legales, por lo que hemos vuelto a solicitar por escrito copia de los expedientes, que incluyan todos los informes y documentos relativos a los requerimientos de legalización de actividades del CSA Villafría, así como la relación de requerimientos que se hayan realizado en los últimos cinco años relativos a la Ordenanza municipal sobre Actividades Inocuas, con el desglose según el tipo de personalidad del titular (persona física, sociedad mercantil, asociación sin ánimo de lucro, etc.), para conocer si este es el proceder habitual frente a asociaciones sin ánimo de lucro que realizan actividades sociales o si nos encontraríamos ante un hecho aislado, que en todo caso consideramos que debe tratarse como muy grave.

Desde Ganemos Salamanca consideramos que los ciudadanos tienen el derecho a reunirse privadamente sin necesidad de tener que poner en conocimiento de las autoridades la mera existencia de dichas reuniones, así como a asociarse libremente, sin tener que constituirse formalmente ante ningún registro público y sin tener que estar sometidos al control y la vigilancia de la policía local y el Ayuntamiento, constituyendo los requisitos burocráticos de la citada ordenanza excesivamente costosos para la ciudadanía, por lo que estudiaremos una reforma de la misma.

Además, creemos que el PP podría estar utilizando las ordenanzas municipales de forma torticera para iniciar una campaña de intimidación y hostigamiento contra los activistas sociales del centro, que legalmente utilizan un local para reunirse y realizar actividades similares o idénticas a las que realiza cualquier colectivo político, social, club de amigos o asociación de vecinos.

Por ello, entendemos que estas formas de proceder no son ajustadas a un Estado Social, Democrático y  de Derecho y que si acaso el Ayuntamiento estima aplicable la citada ordenanza, no estaría justificada en ningún caso la clausura o cierre a la fuerza del centro, considerando dicha medida totalmente desproporcionada, no entendiendo que bien o interés superior se pretendería proteger, más allá del refuerzo de la autoridad por parte del PP en el Ayuntamiento, a la que nos tiene acostumbradas con todas aquellas personas o colectivos que no pasan por el aro en esta ciudad.

Desde Ganemos Salamanca no podemos consentir la violación de las libertades civiles de nuestros vecinos y vecinas, por lo que actuaremos con firmeza exigiendo el cumplimiento de la Constitución y las leyes y solicitando que se paralice la orden de clausura, considerando que la citada ordenanza de actividades inocuas podría estar generando una imposición de cargas burocráticas innecesarias a la ciudadanía y cuya aplicación al caso sería ciertamente dudosa, al tratarse de un colectivo con fines sociales y sin ánimo de lucro, amparado en el ejercicio de derechos fundamentales, recordando que este Ayuntamiento ha sido condenado repetidas veces por vulnerar estos mismos derechos en los últimos años.

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